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Piden al Gobierno no renunciar a reivindicaciones históricas de Itaipú

10 junio, 2012

El titular de la delegación paraguaya ante el Parlamento del Mercosur, Alfonso González Núñez, exige al gobierno nacional a no renunciar a las reivindicaciones históricas de la Itaipú Binacional, especialmente en lo referente a la libre disponibilidad de la energía. Asimismo el titular del bloque comercial reclama una revisión de la deuda que según afirma se acrecienta con el transcurso del tiempo “sustancialmente por la acumulación de fabulosos intereses” a raíz de los presuntos compromisos impagos.

Gonzalez Núñez, en un comunicado, sostiene que el gobierno del Brasil afirma y sustenta invariablemente que la obligación pecuniaria es legítima, obviamente porque todo ese sideral monto de $17.000 millones, si llegare a cancelarse o reducirse alguna vez, se lo embuchará íntegramente ELETROBRÁS, “factótum del tesoro brasileño en el negocio hidroeléctrico con Paraguay”.

Al respecto, la delegación de Paraguay sostiene una perspectiva radicalmente opuesta a la visión del condómino. “Dictamen de sus organismos competentes y del enfoque calificado de renombrados analistas independientes, que se respaldan en documentaciones de fehaciente credibilidad y fidedigna infalibilidad, asevera que dicho débito es por completo ficticio, fraudulento, desprovisto de fundamento jurídico a causa de diversos factores que concurren para testimoniar su falsedad”.

“La deslealtad (corrupción) de la burocracia de ambas márgenes; las insanables demoras en la culminación de las obras de infraestructura y los trabajos complementarios; la artificiosa elevación de las tasa de interés que rayan la usura; las depreciaciones mañosas del Real respecto de la moneda estadounidense; la no adquisición de la potencia instalada por parte del Brasil por varios años, y demás elementos de menor incidencia, se acoplan al ingrediente capital que encarece el pasivo del ente: la fijación de la tarifa de comercialización de la energía eléctrica burlando deliberadamente los preceptos básicos y esenciales de la relación costo/beneficio”, dijo.

Asegura que se ha comprobado que el precio de venta del fluido, “impuesto unilateralmente por el Brasil, pero autenticado por el silencio cómplice de funcionarios compatriotas, siempre, por debajo del costo de producción, inflando descomunalmente la deuda desde un principio, la que, como es dable deducir”, no hubiese existido sino se violentaban los términos del Tratado y más específicamente el Anexo “C”, que determina las Bases Financieras y de Prestación de los Servicios de Electricidad de la Itaipú.

En ese contexto –dice-, en la formación del costo anual del servicio de electricidad se bastardearon y adulteraron ex profeso, los montos para los pagos de las utilidades del 12% anual; cargas financieras por los préstamos recibidos; amortización de los préstamos; royalties; resarcimiento por cargas de administración y supervisión; cobertura de gastos de explotación; saldo de la cuenta de explotación del ejercicio anterior al vigente, y compensación auna de las Altas Partes Contratantes, en este caso, Paraguay.  

El rosario de irregularidades financieras detectadas curiosa y llamativamente favorece en fenomenales proporciones a la primera potencia económica de Latinoamérica, mientras que su extenuado vecino menor y asociado se contenta con pellizcar migajas sobrantes del exorbitante banquete energético.

Se pregunta, cuántos proyectos sociales de envergadura y pospuestos por carencia de fondos e inoperancia de las autoridades podrán solventarse con ese dinero del que se adueñan con ladinas maniobras los consocios brasileños. “¡Basta de tantas frustraciones, humillaciones, indigencia, analfabetismo, marginalidad, delincuencia infantil y juvenil, hacinamiento poblacional, desarraigo forzado, mendicidad, fallecimientos prematuros, y penalidades varias!”

En consecuencia, la delegación paraguaya en el Parlamento del Mercosur considera a Itaipú y Yacyretá como una causa nacional que trasciende los pendones partidarios y los oficialismos transitorios, por tanto exige al gobierno nacional a no renunciar a las reivindicaciones históricas como ser: la libre disponibilidad de la energía para su comercialización con otros mercados, revisión del pasivo, cogestión plena o alternancia en la administración, fiscalización de las Contralorías y Tribunales de cuentas y culminación de las obras inconclusas.

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