2010-07-29 | Procuraduría recomienda a MOPC finalizar concesión a empresa para explotación de metales preciosos
La Procuraduría General de la República recomendó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que intime, bajo pena de disponer la caducidad de las concesiones otorgadas por el Estado Paraguayo a las empresas Minas Paraguay SA (Ley Nº 170/01) y Minera Guairá (Ley Nº 2079/03) para la exploración y explotación de metales preciosos y comunes en el departamento del Guairá. Actualmente estas concesionarias se encuentran “representadas” por Latin American Minerals Paraguay SA y/o Latin American Minerals INC. (se trataría de una cesión de derechos bajo la forma de un mandato para actividades mineras en ambos casos).
El procurador general José Enrique García, por medio de una nota, informó al presidente Fernando Lugo en fecha 23 de julio, que teniendo en cuenta el Informe Final de la Contraloría General de la República, fechado el 01 de octubre de 2008 (en el marco de una auditoría al Vice Ministerio de Minas y Energía – Resolución CGR Nº 571/07) y la información proporcionada por el MOPC sobre la situación de la concesión, se concluye que el Vice Ministerio de Minas y Energía no ha tomado las medidas tendientes a sancionar ni a las empresas concesionarias citadas en este documento, ni a los funcionarios públicos actuantes, acerca de los incumplimientos contractuales que han vulnerado el equilibrio de la relación contractual entre Minera Guairá SA, Minas Paraguay SA y el Estado Paraguayo, en cada caso.
García señaló al jefe del Poder Ejecutivo que se solicita al MOPC el estudio de los puntos indicados en la nota, que refiere acciones que deben emprenderse de inmediato para subsanar las irregularidades, entre las que se encuentran la falta de documentación de las inversiones realizadas, irregularidades en la supervisión en las minas (lo que habría acarreado dudas sobre los importes abonados en concepto de regalías), incumplimientos de la legislación ambiental, entre otros.
El representante de los intereses patrimoniales del Estado recomienda la intimación a las concesionarias y el emplazamiento por 60 días para que den respuestas a las cuestiones mencionadas, de conformidad a lo establecido en los contratos y en la Ley Nº 3180/2007.
Agrega que dicha notificación deberá expresar la voluntad rescisoria (por caducidad operada) del Estado a través del MOPC, respecto de los contratos-ley de concesión en cada caso, a tenor de la documentación analizada.
Copia de la presentación fue dirigida al presidente de la República, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a la Contraloría General de la República, señala la Procuraduría.
